Esta sería la segunda infraestructura de este tipo que se establecería en la provincia de Santa Elena.

El jueves, los habitantes y dirigentes locales del municipio de Salinas, en la provincia costera de Santa Elena (oeste), en Ecuador, declinaron una propuesta de su alcalde, Dennis Córdova, de edificar en la región una prisión de alta seguridad.

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«La Junta Cívica de Salinas, ante las últimas noticias relacionadas con la solicitud de implementación de un proyecto de infraestructura en el cantón Salinas, dirigida al ministro de Gobierno de Ecuador y firmada por el alcalde Dennis Córdova; manifiesta su rechazo categórico al proyecto de un Centro de Privación de Libertad en nuestro territorio», expresó el colectivo en un comunicado, circulado en medios locales.

La administración del presidente Daniel Noboa comunicó que el Gobierno Autónomo Descentralizado de Salinas planteó establecer en esa localidad el centro penitenciario que inicialmente se proyectaba construir en la localidad amazónica de Archidona. Esto provocó dos semanas de manifestaciones de sus residentes.   

Esta sería la segunda infraestructura de este tipo que se establecería en Santa Elena, donde ya se encuentra en proceso la edificación de una megacárcel en la región de Bajada de Chanduy, a pesar del rechazo de las comunidades de la zona.

En Salinas, diversas organizaciones de hoteleros, pescadores, artesanos, turismo y comerciantes, entre otros, anunciaron una marcha pacífica para el sábado próximo en protesta a la propuesta de su alcalde.

El pasado 14 de diciembre, tanto las Comunidades de Bajada de Chanduy como la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Archidona, publicaron un «Manifiesto de rechazo y alerta ante la imposición arbitraria de cárceles de máxima seguridad en territorios ancestrales».

«Estas imposiciones profundizan la discriminación estructural y perpetúan la exclusión de nuestras comunidades en la toma de decisiones que afectan directamente nuestras vidas. ¿Cómo puede un gobierno que dice defender la paz y la justicia construir su política carcelaria sobre la base de la violencia institucional y la violación de derechos?», cuestionaron las organizaciones.

El documento convoca a la comunidad nacional e internacional, a entidades de derechos humanos, a la Organización de las Naciones Unidas, al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, y a las comunidades y movimientos sociales a nivel global a condenar la resolución del gobierno de Noboa.

Las comunidades cuestionan que los proyectos no se han socializado mediante una consulta previa, libre e informada, lo que viola sus derechos establecidos en la Constitución en vigor.

A esto se le añaden los miedos ante el aumento de la violencia en sus zonas de residencia y la reducción del turismo, su principal fuente de ingresos.

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